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Tuesday, October 8, 2013

Los jueces de Estados Unidos divididos en caso de esquema Ponzi de Allen Stanford

WASHINGTON (Reuters) - el primer día de su nuevo mandato el lunes, la Corte Suprema apareció dividida sobre si abogados, corredores de seguros y otros que trabajaron con el estafador convicto Allen Stanford podrían evitar las demandas presentadas por los inversores que buscan recuperar las pérdidas sufridas con el esquema Ponzi de $7 billones (4,3 billones de libras).

Firmas de abogados con sede en Nueva York Chadbourne & Parke y Proskauer Rose y Correduría de seguros Willis Group Holdings Plc fueron demandados por los inversionistas de Stanford.

Ellos son parte de un consolidado caso junto con otros dos acusados, la firma de servicios financieras SEI y la compañía de seguros Bowen, Miclette & Brittin, para lo cual la Corte Suprema escuchó una discusión de una hora el lunes.

Los acusados solicitaron a la Corte Suprema de justicia una revisión, después que el Nueva Orleans 5th. Tribunal de circuito de Apelaciones de Estados Unidos en marzo de 2012 dijo que los pleitos traídos bajo las leyes estatales por los ex clientes de Stanford podrían seguir adelante.

Los ex clientes de Stanford están dispuestos a perseguir demandas de la ley del estado porque la Corte Suprema ha sostenido previamente que no pueden hacerse demandas de "complicidad y encubrimiento" bajo la ley federal.

Los acusados han argumentado que bajo la Securities Litigation uniforme estándares acto (SLUSA), las reclamaciones no pueden escucharse bajo la ley estatal tampoco.

Las demandas de acción de clase interpuestas por los inversores acusan a Thomas Sjoblom, un abogado que trabajó en dos firmas de abogados, de obstruir una investigación de la Securities and Exchange Commission en Stanford y buscó responsabilizar a los otros acusados también.

El fraude de Stanford implicó la venta de certificados de depósito con su Stanford International Bank de Antigua. Gran parte de los litigios se centra sobre si estos calificaban como valores bajo las leyes aplicables.

Stanford está cumpliendo una sentencia de 110 años de cárcel.

ARGUMENTO ORAL

Durante el alegato oral del lunes, los jueces cuestionaron un fallo a favor de los demandantes en qué medida afectaría a la SEC. La administración Obama, que representa a la SEC, se unió a los acusados.

El gobierno dijo en documentos de la corte que está en contra de los pleitos porque ellos entrarían en conflicto con la intención del Congreso para dar a la SEC la "capacidad para proteger a los mercados de valores contra una variedad de diversas formas de fraude".

Abogada del Departamento de justicia Elaine Goldenberg dijo a los jueces que las demandas como las presentadas por los inversionistas de Stanford tienen "un efecto muy particular sobre la confianza de los inversores y la integridad de los mercados, que es uno de los propósitos de las leyes de valores".

Varios jueces, incluyendo Elena Kagan y magistrado Stephen Breyer, indicaron que estarían incómodos si se permitieran tales demandas proceder en un tribunal estatal, aunque también parecían dispuestos para algún tipo de límite a la autoridad federal.

Juez Anthony Kennedy, a menudo representa el voto decisivo en casos cercanos, cuestionó si las afirmaciones hechas por los inversionistas de Stanford eran diferentes de casos similares que los tribunales ya han determinado debe ser excluido de las demandas de la ley del estado.

Pero el juez Anthony Scalia señaló apoyo a los demandantes en el lenguaje de la ley federal en cuestión, que dice que se excluyó a las demandas del estado en relación con la actividad "con respecto a la compra o venta" de unos valores de seguridad.

"No ha habido compra o venta aquí," dijo.

Se espera un fallo en el caso antes de que el plazo termine a finales de junio.

El caso es Chadbourne & Parke LLP v. Troice et al, U.S. Supreme Court. No. 12-79; Willis of Colorado Inc et al v. Troice et al, U.S. Supreme Court, No. 12-86; and Proskauer Rose LLP v. Troic

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